La libertad de prensa y de expresión en Bolivia ha sufrido un declive significativo en los últimos años, según un informe reciente de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). La organización señaló la existencia de una serie de iniciativas del Gobierno para controlar y limitar los mensajes de la ciudadanía y de los periodistas.

“El partido gobernante propone incrementar de cinco a siete años la pena de cárcel para periodistas y propietarios de medios por la supuesta difusión de mensajes racistas. La propuesta desconoce las protecciones que ofrece la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Imprenta, que prevén la vigencia de tribunales especiales para dilucidar demandas contra medios y periodistas, mientras que descartan la aplicación de penas privativas de libertad”, refiere el informe.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), por su parte, advirtió sobre una propuesta de regulación de las redes sociales (proyecto de ley 304) que contenía censura previa, contraria a los tratados internacionales y la Constitución.

La ANP considera que las restricciones de derechos ciudadanos y la labor de la prensa coinciden con un momento en que diferentes sectores cuestionan políticas gubernamentales en temas de educación pública y la administración de los fondos de jubilación.

En el reporte también se cuestionó que los diarios independientes en Bolivia continúan enfrentando una persecución tributaria, lo cual incluye controles y fiscalizaciones que se realizan después de que publican contenidos críticos a políticas gubernamentales u opiniones de sectores de oposición contra disposiciones gubernamentales en materia económica, judicial y social.

La impunidad en casos de agresión a periodistas también persiste en Bolivia. Hasta la fecha, ninguna denuncia ha terminado en sanción contra los responsables. El caso más emblemático es el secuestro de seis periodistas registrado en octubre de 2021 en el predio Las Londras, donde tres autores materiales e intelectuales siguen en libertad y el caso se encuentra aún en fase de investigación.

Este informe se da en medio de la reunión semestral de la SIP que empezó este martes en Estados Unidos, donde 24 vicepresidentes regionales expusieron la situación de la libertad de expresión y prensa en sus respectivos países.