El Comité pro Santa Cruz descarta convocar a una Asamblea de la Cruceñidad para abordar el caso de la comunidad de Piso Firme, asunto que fue demandado por el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz (ALD), Zvonko Matkovic, con miras a asumir acciones de defensa de la comunidad de este territorio en disputa.

Fue el segundo vicepresidente cívico Leonardo Martínez quien manifestó que no se contempla una Asamblea de la Cruceñidad, ya que este conflicto fue creado por el Gobierno central para crear una enemistad entre departamentos hermanos.

Martínez expresó que mientras el asunto no se resuelva de manera técnica y se dejen de lado las posturas políticas no se convocará a ninguna asamblea y pidió al gobernador cruceño Mario Aguilera y al beniano Alejandro Unzueta a encontrar una solución al conflicto, tomando en cuenta que la próxima semana estarán frente a frente.

“Mientras no haya una solución técnica, ¿por qué tenemos que seguir en el conflicto político? La parte política no nos va a resolver nada y esto es técnico. Es el Gobierno el que nos ha metido en este conflicto y nosotros como institución no le vamos a prestar la atención política”, dijo el dirigente cívico.

A su turno, Matkovic sostuvo que hay medio millón de hectáreas en riesgo, ya que un juez ha decidido cercenar al territorio de manera unilateral, lo que podría tener consecuencias significativas para la región, en referencia al fallo que, además de anular la sesión que la ALD realizó en Piso Firme en días pasado, determina que esta región es parte del departamento de Beni.

”Santa Cruz se encuentra en una posición en la que debe trabajar para recuperar ese territorio, tanto desde el punto de vista técnico como legal, ya que un juez ha dictaminado que ya no forma parte del departamento”, declaró Matkovic, al pedir que urgentemente una Asamblea de la Cruceñidad para abordar esta situación.

Entretanto, Paola Aguirre, jefa de la bancada Creemos en Santa Cruz, sostuvo que hay rechazo de los asambleístas de su bancada ante la reciente decisión judicial que afecta al territorio del departamento.

”Este juez no tiene competencia para definir límites, ni la pertenencia de la comunidad de Piso Firme al departamento del Beni o al departamento de Santa Cruz. Esta decisión carece de valor legal, ya que la Constitución Política del Estado establece la nulidad de los actos de funcionarios que usurpen funciones que no les competen”, declaró Aguirre.