El Ministerio Público fundamentó en audiencia de medidas cautelares, que Diana Lizbeth P. G. de 24 años de edad, es con probabilidad autora de la presunta comisión de los delitos de Estafa, Falsedad Material, Falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado y otros, lo que dio lugar que la autoridad jurisdiccional determine la detención preventiva para la imputada en el penal de Centro de Readaptación Productiva de Montero-CERPROM.

La audiencia se desarrolló en el Juzgado Mixto de Instrucción en lo Penal N° 1 de Minero, donde la Fiscalía presentó los elementos colectados en la investigación como la auditoría realizada por una terna de peritos, declaraciones de testigos, informe técnico criminalístico que evidencia que la ahora imputada cambió el contenido de las facturas; entre otros indicios probatorios.

De acuerdo con los antecedentes, el 28 de abril de 2023 unos agricultores de la Localidad de Villa Rosario- Sagrado Corazón de la zona Norte, contrató como contadora a Diana Lizbeth con la finalidad de tener un mejor manejo su economía. Sin embargo, a los meses los agricultores se dan cuenta que había desajustes económicos por lo que deciden realizar una auditoría interna.

El resultado de la auditoría evidencia un desfalco económico de 301.000 bolivianos, por lo cual en fecha 18 de diciembre de 2023 se decide encarar en una reunión a la contadora y pedir explicaciones sobre las falsificaciones de firmas de trabajadores.

En las negociaciones establecidas, se procede con la firma de un documento de préstamo de dinero y de esta forma la contadora pagar el faltante, sin embargo, ella lejos de cumplir con el compromiso asumido procede a presentar una denuncia contra sus inmediatos superiores por la presunta comisión del delito de secuestro.

En el marco del desarrollo investigativo, la imputada ha sido citada para su declaración informativa, posteriormente fue aprehendida ya que se encontró suficientes elementos probatorios que involucran su participación directa en el hecho.

Entre los riesgos procesales acreditados por la Fiscalía se encuentra el peligro de fuga ya que la imputada no cuenta con domicilio, trabajo propio o estable, además que tiene la facilidad de trasladarse de un punto a otro.