El gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, defendió la determinación judicial que ordena el traslado de Luis Fernando Camacho a la capital cruceña para asistir, de forma presencial, en el juicio por la aprobación en 2022 del Decreto Departamental 373, presuntamente irregular.
“Indiscutible, esa posición no ha cambiado nunca, a cada uno de los bolivianos se le debe respetar sus derechos y el gobernador (Fernando Camacho) tiene el derecho a defenderse desde Santa Cruz en el decreto 373 y amerita su traslado, por supuesto”, afirmó.
La audiencia fue diferida para el 11 de abril después de haberse suspendido el 11 de marzo ante “deficiencias procesales” denunciadas por el Ministerio de Justicia y por la “falta de garantías” para su traslado desde el penal de Chonchocoro hasta el recinto de Palmasola.
La Dirección General de Régimen Penitenciario se encuentra nuevamente evaluando la posibilidad de trasladar a la autoridad cruceña, mientras que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, descartó el traslado y sugirió que se realice de manera virtual.
Sin embargo, la defensa del gobernador cruceño aseguró que no existe “ningún impedimento jurídico” que motive al incumplimiento judicial, aunque sospecha que desde el Gobierno se busca evitar cumplir ese objetivo.
