El Gobierno admitió que el Estado boliviano debe aprobar normas que son exigencia de los organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) que está pronto a visitar el país para una inspección. El Ejecutivo desplazó a sus servidores para calmar la protesta de los gremiales que nuevamente advirtieron con movilizaciones.

“El país va a tener una evaluación por parte de Gafilat porque son medidas antilavado que hacen que se perfeccione el marco regulatorio local, nosotros como país miembro de la comunidad internacional debemos cumplir estas normas, pero como digo nuevamente, este tipo de medidas no está al alcance de la población, no se sientan afectados los gremialistas, transportistas, los trabajadores no tenemos que sentirnos preocupados”, pidió el viceministro a.i. de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, en conferencia de prensa.

EL DEBER informó el miércoles que el Gobierno apuraba las leyes contra la legitimación de ganancias ilícitas ante la inminente visita de la Gafilat que dejó recomendaciones al Estado boliviano en la última evaluación que realizó. Hasta el momento los gremiales lograron nuevamente la paralización del tratamiento del proyecto de Ley 280 contra la legitimación de ganancias ilícitas. “Tenemos conocimiento que se está trabajando en la socialización para explicar los alcances y los procedimientos”, dijo Apaza.

El Gobierno promulgó el decreto 4906 y saltaron las alarmas de los gremiales porque el artículo 8 del referido documento manda a congelar de inmediato las cuentas, bienes muebles e inmuebles “a partir del conocimiento de las listas”, señala el decreto.

Ahora el viceministro explicó que las “listas” son nóminas que mandó Naciones Unidas a todos los países y son personas que están buscadas por el delito de terrorismo y que pueden estar en cualquier país del mundo. Afirmó que los comerciantes o transportistas no están en estas listas y por tanto, se aplicará a la jurisdicción boliviana.

Recordó que el congelamiento de las cuentas ya figura en la Ley 262 “Régimen de Congelamiento de Fondos y otros Activos de Personas Vinculadas con Acciones de Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo”, promulgada en julio de 2012. Lo que causa la suspicacia de los gremiales es que el viceministro afirmó que este decreto es el reglamento de la Ley 262, cuando han pasado 11 años para que el Gobierno formule un reglamento que usualmente tarda tres meses en ser elaborado o 180 días, en el peor de los casos.

“Los bolivianos, los ciudadanos de a pie, nuestros compañeros gremialistas, nuestros compañeros transportistas no son pues terroristas, son personas que se ganan el sustento en el día a día, ninguna de esas personas va a estar en las listas, esas listas no son elaboradas por autoridades del gobierno nacional, las listas son elaboradas por el consejo de Naciones Unidas”, refirió el viceministro en un intento por desvirtuar los reparos que hay contra este decreto.