La ecuatoriana Diana Carnero, concejala del municipio costero de Naranjal, fue asesinada a tiros este miércoles, en un momento en que el país está sometido a un estado de excepción y a un «conflicto armado interno» declarado contra el crimen organizado, que faculta a los militares apoyar a la Policía en acciones de seguridad interna.

La edil, de 29 años, fue acribillada por sicarios en plena vía pública en el sector de Corona 2, en Naranjal, un municipio de la provincia costera de Guayas, cuya capital es Guayaquil.

Según la revista Vistazo, la concejala, del movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), murió en un centro de salud de Naranjal, donde fue trasladada tras el ataque, pero no pudo resistir la gravedad de las heridas.

De su lado, la presidenta de la Revolución Ciudadana, la excandidata presidencial Luisa González, lamentó en su cuenta de la red social X el asesinato de Cantero.

«Acabo de enterarme que hoy asesinaron a nuestra compañera Diana Carnero, concejal de Naranjal. Un abrazo sentido a su familia», comentó González.

También la cantautora Marisol Bowen, correligionaria de Cantero, expresó su pesar y se lamentó de que el crimen haya ocurrido «en pleno estado de excepción».

En un mensaje en su cuenta de la red X preguntó al presidente del país, Daniel Noboa: «¿Dónde está la seguridad y la lucha contra el crimen? ¿Dónde está su gobierno?»

También la activista en derechos humanos Jhajaira Urresta expresó su «profundo dolor» por la muerte de Cantero y dijo que «el Estado debe responder por la seguridad de todos». «Por estos delitos deberían indignarse las autoridades y entregar una verdadera protección», agregó.

El asesinato de Cantero se suma a una larga lista de autoridades que han sido víctimas de sicarios en los últimos meses en Ecuador, incluidos fiscales, jueces y políticos como el alcalde de Manta, Agustín Intriago, o el candidato presidencial Fernando Villavicencio.

El presidente Daniel Noboa declaró a principios de enero un estado de excepción y decretó una situación de conflicto armado interno para intentar frenar una espiral de violencia en las cárceles y en las calles a escala nacional, atribuida a grupos del crimen organizado.

Al declarar el «conflicto armado interno», el Gobierno identificó a al menos 22 grupos del crimen organizado transnacional y los ubicó «como organizaciones terroristas» y «actores no estatales beligerantes».

La espiral de violencia se desató justo después de que el presidente Noboa anunciara su decisión de poner en marcha su ‘Plan Fénix’, con el objetivo de recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas internamente por grupos de delincuentes, cuyas rivalidades ha dejado más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.

Esa violencia también se trasladó a las calles hasta convertir a Ecuador en uno de los países más violentos, con 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2023.