Afirmó que el Ministerio Público continúa ejecutando las investigaciones en la zona norte y que se realizarán todos los esfuerzos para esclarecer y dar con el paradero de los responsables del fallecimiento de las dos personas. 

“Tengan la seguridad que no quedará impune cuando hablamos de dos personas que perdieron la vida fruto de estos avasallamientos”, dijo.

La semana pasada, los familiares de las víctimas en el conflicto por tierras atribuyeron los decesos a las autoridades de Gobierno. Justificaron estas muertes a la inacción estatal que, desde diciembre del año pasado, no soluciona el avasallamiento de tierras en Santagro.

Los fallecidos fueron identificados como José Luis Pérez, de 25 años, y Francisco Morales Zúñiga, de 44. El papá del primero informó que se constató que ambos “mostraban signos de tortura y violencia con contusiones graves, e incluso uno perdió un ojo”.

Por su parte, el representante legal de la empresa Santagro, Uber Zambrana, lamentó el enfrentamiento y dijo que esto se pudo evitar si la Policía cumplía con la orden de desalojo contra los interculturales que se asentaron en la zona.

En conferencia el viernes 31 de marzo, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, informó que Santagro corresponde a “tierras fiscales no disponibles” porque, según su versión, el 100% de dicho predio está dentro de una reserva forestal.

“El INRA determinó que son tierras fiscales no disponibles porque, primero, el 100% de este predio se encuentra dentro de la Reserva Forestal Guarayos, y segundo, su vocación productiva es de carácter forestal (pero) había sido cambiado el uso de suelo de esos predios”, justificó.

Dijo que una vez que el INRA emitió esa resolución final de saneamiento, los supuestos propietarios de Santagro impugnaron dicha decisión ante el Tribunal Agroambiental.