Por un parte, el Magisterio Urbano ratificó las movilizaciones para el martes 4 de abril y reforzará esta jornada sus piquetes de huelga de hambre para exigir al Gobierno un mayor presupuesto, asignación de ítems, resolución al déficit histórico, congreso educativo y rechazo a la nueva malla curricular.

El dirigente del Magisterio Urbano de La Paz, José Luis Álvarez, manifestó que durante esta jornada se sumarán más piquetes de huelga y rarificó que la última propuesta del Gobierno fue desestimada.

“El consejo consultivo en La Paz rechazó el sábado la propuesta del Ministerio de Educación y en el interior se están reuniendo también las bases para analizarlo, pero se mantiene el estado de movilización”, precisó Álvarez.

Al respecto, el ministro de Educación, Edgar Pary, denunció la existencia de “una dictadura sindical” al interior del Magisterio, que de acuerdo con él “traba toda intención de diálogo”. La autoridad apuntó que no todos los maestros urbanos del país coinciden con las protestas y mencionó que en Chuquisaca aplican multas a los maestros desde cinco bolivianos hasta 80 bolivianos por retrasos, inasistencia a marchas y asambleas.

Desde Santa Cruz, monseñor René Leigue pidió, durante la homilía de la misa de Domingo de Ramos,“un diálogo sincero” entre el Gobierno y los maestros urbanos para evitar un conflicto mayor.

Por su parte, la Confederación de Gremiales de Bolivia exigió frenar el tratamiento del proyecto de Ley 280 de “Fortalecimiento a la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas” en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y advirtió con movilizaciones y acciones legales si su demanda no es escuchada.

El secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Toño Siñani, anunció ayer que el plazo de 72 horas que dieron al Gobierno, para que deseche el proyecto de Ley 280 Contra la Legitimación de Ganancias, terminará hoy y si la norma no es desestimada, el sector se movilizará a nivel nacional en los próximos días.

“Iremos a la Cámara de Diputados para ver qué respuesta nos dan a la carta de rechazo al proyecto de Ley 280, pero si es que lo van a seguir tratando, habrá movilizaciones a nivel nacional esta semana”, manifestó Siñani a Página Siete. La Comisión Mixta de Constitución y de Justicia Plural tiene previsto tratar el proyecto de ley este martes.

“Los gremiales logramos anular el proyecto de Ley 218 en 2021, ahora el proyecto de Ley 280 es el mismo, por eso si no lo desechan vamos a movilizarnos”, advirtió Siñani. La nueva norma “criminaliza la protesta social bajo la figura de terrorismo, es decir van a detener a los dirigentes que convocamos a marchas, pero además indica que van a incautar sus bienes, sus cuentas y demás”, acotó.

Además anticipó que harán alianzas con otros sectores, como los maestros y chóferes, para formar un bloque contra esa iniciativa legislativa.

“Bajo la figura de ganancias ilícitas nos van a querer procesar e incautar nuestros bienes”, reiteró Siñani.

Por otro lado, la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia ratificó su rechazo al proyecto de Ley 280.

“Hemos pedido un informe a la Cámara de Diputados y estamos esperando aquello, porque cuando se anuló la 218 (en noviembre de 2021) les dijimos que se si pretendía presentar una norma similar, primero se debería socializar con los sectores”, indicó el dirigente Limberth Tancara, de la Asociación de Transporte Libre afiliada a la Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo de La Paz.

Para finalizar, la Confederación Nacional de Jubilados anunció una movilización para este miércoles y jueves por la «dignidad de los jubilados, prejubilados y derechohabientes», en rechazo unánime a la Gestora Pública y la modificación de la Ley de Pensiones. 

«No tenemos ninguna confianza en esta empresa estatal que usará nuestros ahorros de jubilación”, indicó el dirigente Mario Delgado.

El secretario Ejecutivo de la Confederación, Rodolfo Ayala, explicó que la demanda principal del sector es que en el directorio de la Gestora exista representación de los trabajadores activos y jubilados para fiscalizar y controlar,entre ellas, las inversiones que se realicen con los aportes de jubilación.