Los parlamentarios de Comunidad Ciudadana (CC), que denunciaron por el delito de prolongación o anticipación de funciones a los magistrados que ampliaron su mandato, exigen que, previamente a que el juzgado a cargo del control jurisdiccional de la investigación penal en Sucre resuelva las excepciones plateados por los denunciados, el Ministerio Público debe tomarles su declaración informativa identificando a los sujetos procesales, porque hasta ahora la investigación sigue contra autor y autores.

Esta es la postura de los denunciantes después que el pasado viernes, los dos vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en apelación, revocaran la resolución de la jueza de primera instancia que, previo al análisis de las excepciones de incompetencia y falta de acción planteadas por los magistrados del TCP, Paul Franco y otros, dispuso que el Ministerio Público individualice con nombre y apellido a los denunciados por la comisión de este delito.

En criterio de los vocales Hugo Michel y Sandra Medrano, la jueza Anticorrupción y Violencia contra las Mujeres de la capital, Mirian Flores, debe tramitar en 48 horas las excepciones con las que los magistrados denunciados pretenden frenar el proceso penal en su contra en la vía ordinaria y que el mismo pase a la Asamblea Legislativa, al tratarse de altas autoridades judiciales.

En su resolución, los vocales entienden que los magistrados denunciados, Paul Franco, Karem Gallardo, Brígida Celia Vargas y René Yván Espada, tienen legitimidad activa para asumir defensa, es decir, que se trata de los magistrados denunciados.

El abogado de los parlamentarios opositores, Johan Echavarría, informó a CORREO DEL SUR que activarán todas las acciones legales y constitucionales para que se cumpla el procedimiento penal en el trámite de esta denuncia y lo que corresponde ahora es que los denunciados presten su declaración informativa.

“Una vez que los vocales determinaron que la jueza resuelva las excepciones, los magistrados denunciados deben cumplir previamente con presentar una declaración informativa para ejercer su derecho de defensa, así lo establece el Código de Procedimiento Penal”, explicó. 

Declaración informativa

El diputado de CC, Carlos Alarcón, informó a CORREO DEL SUR que en la etapa preliminar de investigación los magistrados denunciados pretenden “bloquear la investigación del Ministerio Público y generarse artificialmente un blindaje de impunidad” y con la venia de los vocales.

“Obviamente es un absurdo y una herejía jurídica legal que (los denunciados) tramiten excepciones cuando ni siquiera prestaron su declaración informativa como primer acto que se hace ante el Ministerio Público, no ante el juez. El abogado evalúa la impugnación que vamos a hacer a la barbaridad jurídica de estos vocales”, sostuvo.

Alarcón dijo que en la impugnación de las excepciones presentarán como prueba dos videos en los que el ministro de Justicia, Iván Lima, declaró en agosto de 2023, que ni por ley que fuese aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa se puede habilitar una ampliación de mandato de los magistrados y que la posición del Gobierno era contraria a la prórroga.

En su criterio, eso demuestra que la ampliación de mandato es inconstitucional, advertida por el propio ministro que, según dijo, después cambió de discurso y ahora justifica esa determinación del TCP.

Videos de Iván Lima

En el video compartido por Alarcón, el ministro Lima dijo en agosto de 2023: “Lo que deben hacer la población y la Asamblea Legislativa es respetar la Constitución, la Constitución nos habla de un plazo de seis años para los magistrados y consejeros, el plazo vence el 31 de diciembre (2023), por lo tanto cualquier ley que amplíe ese periodo por más allá del 31 de diciembre sería inconstitucional, aun fuera aprobada por dos tercios de votos, no se puede extender el mandato de los magistrados y consejeros más allá del 31 de diciembre”. 

En un segundo video compartido por el parlamentario opositor, el Ministro dice lo siguiente: “Lo que manda la Constitución, la Constitución señala claramente que tenemos que tener un mandato temporal, no puede prorrogarse nadie en su mandato, si los diputados son elegidos por cinco años y los magistrados y consejeros por seis, hay que cumplir la Constitución, esa es la posición oficial del Gobierno del presidente Arce”.