La Justicia argentina ordenó este miércoles el decomiso solicitado por Estados Unidos del avión de la aerolínea venezolana Emtrasur Cargo que llegó al país en junio de 2022 con tripulantes venezolanos e iraníes sospechosos de espionaje y que desde entonces permanece bajo custodia en el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires.

La medida fue adoptada por el juez federal Federico Villena en respuesta a la solicitud formulada en octubre de 2022 por la Corte del Distrito de Columbia (Estados Unidos), que pidió a las autoridades argentinas la confiscación del avión, objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional.

La aeronave, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial de la estatal venezolana Conviasa, empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. La tripulación, conformada por cinco iraníes y catorce venezolanos, fue retenida inicialmente y puesta en libertad después por el juez Villena por falta de evidencia.

La decisión de decomisar y entregar a Estados Unidos el avión Boeing 747-300 retenido fue adoptada con base en un dictamen de la fiscal argentina Cecilia Incardona y del director general de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General, Diego Solernó, quienes estimaron la procedencia del petición de decomiso realizada por EE.UU.

Ambos funcionarios tomaron en consideración un tratado suscrito por Argentina y Estados Unidos en virtud del cual ambos países «se comprometieron a brindarse asistencia mutua», lo que incluye la «cooperación en la ejecución de solicitudes de registro, embargo y secuestro».

«Resulta imperativo dar cumplimiento al compromiso asumido por el Estado Argentino al suscribir el Tratado. Actuar en sentido contrario podría implicar la responsabilidad internacional de la República Argentina, tal como lo afirmara nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación», estimó la fiscal Incardona.

El informe del ministerio público argentino provocó una dura reacción de las autoridades venezolanas, que el pasado 30 de diciembre emitieron un comunicado expresando «de manera categórica» su rechazo a lo que calificaron como el «secuestro de una aeronave» retenida «ilegalmente».

A juicio del Gobierno venezolano, el tratado entre Argentina y EE.UU. «no puede ser aplicado a un tercer Estado, porque estaría en franca violación a las obligaciones asumidas en convenios multilaterales», que establecen «procedimientos para resolver este tipo de controversias».

Además de exigir la «inmediata devolución de la aeronave», Caracas anticipó su decisión de recurrir a instancias internacionales y calificó la decisión argentina de «conducta inamistosa y carente de la más elemental cortesía internacional».

En su resolución hoy, el juez argentino Federico Villena rechaza la solicitud del Gobierno venezolano de desestimar la petición del Tribunal Federal del Distrito de Columbia de los EE.UU. de decomisar la aeronave, con la que supuestamente se violaron las leyes de exportación estadounidenses.