La defensa legal de Luis Fernando Camacho califica como una presión del Gobierno central y una “maniobra” del Ministerio Público la acusación presentada por la Fiscalía en contra del gobernador cruceño dentro del denominado caso golpe I.

En la acusación formal se acusa a la autoridad departamental por los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, además de uso indebido de bienes y servicios públicos.

Martín Camacho, abogado del gobernador, sostuvo que con la acusación se tiene la intención de suspender otra audiencia prevista para este viernes sobre la libertad de su defendido, ante el vencimiento de la detención preventiva que estaría fuera de los plazos establecidos en el Código de Procedimiento Penal.

Con ello, según el jurista, el Ministerio Público lo que busca es “perpetuar la detención preventiva” que hay en contra de la autoridad que está próximo a cumplir un año recluido en el penal de Chonchocoro.

Sostuvo además que hasta ahora no se conoce formalmente la acusación contra Camacho, y una vez estén notificado se actuará de la manera correspondiente, como el caso de los incidentes y las respectivas pruebas de descargo por lo que le parecen absurdas las declaraciones de algunas autoridades de Gobierno de pretender iniciar un juicio a partir de enero de 2024.

Acusación

Según el fiscal Omar Mejillones, Camacho contó con la ayuda de policías y militares para desplazar personas entre La Paz y Santa Cruz durante la crisis política y social de 2019, generada tras las fallidas elecciones de ese año. Aseguró que existe supuestamente un flujo de llamadas que comprueba esta situación.

“Se ha podido advertir y acreditar el hecho de que el señor Fernando López Julio, quien era allegado del señor Luis Fernando Camacho Vaca, ha tenido contacto con el comandante general de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman Romero, desde octubre del 2019”, sostuvo el fiscal Mejillones.