El Ministerio Público logró generar 133 pruebas documentales y 131 pruebas testificales para sustentar la acusación formal por el caso Golpe de Estado I en contra de ocho personas, entre ellas Fernando Camacho, exlíder cívico cruceño y actual gobernador de Santa Cruz, por los delitos de terrorismo, asociación delictuosa, uso indebido de bienes y servicios públicos, entre otros, en los conflictos suscitados en octubre y noviembre de 2019, que derivaron la salida prematura del Gobierno de ese entonces.
Entre las 133 pruebas documentales se tienen informes técnicos forenses, facturas de hoteles, extractos bancarios de transferencia de dineros, oficios y respuestas de instituciones del Estado a requerimientos fiscales.
Durante el curso de las investigaciones se colectó un total de 131 declaraciones informativas entre testigos que participaron de reuniones y hechos durante los conflictos del año 2019, además de las declaraciones informativas de los acusados.
De acuerdo con los antecedentes, los hechos sucedieron a partir del 21 de octubre, cuando Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, expresidentes cívicos de Santa Cruz y Potosí, respectivamente, iniciaron los conflictos que derivaron en la quema de los Tribunales Electorales Departamentales en sus ciudades, argumentando un presunto fraude electoral en los comicios presidenciales de ese año y con la agudización de los conflictos en las calles.
La Fiscalía señala que «se presume que promovieron la salida prematura del expresidente (Evo Morales), vicepresidente (Álvaro García Linera) y sus ministros. Asimismo, bajo la amenaza de dañar a sus familiares, fomentaron la renuncia de los expresidentes de la Cámara de Diputados y Senadores de esa gestión».
Tras varias reuniones entre actores políticos en una universidad de la ciudad de La Paz, se habría consolidado la intención de que la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez, asuma, en primera instancia, la presidencia del Senado para luego asumir la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, a sabiendas de que la segunda vicepresidencia del Senado no se encuentra en la línea de sucesión a la presidencia del Estado, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, se lee en un reporte del Ministerio Público.
Con estos antecedentes y de acuerdo a las pruebas colectadas, Jeanine Áñez se habría reunido con Luis Fernando Camacho, en tres oportunidades, en el Hotel Casa Grande de la ciudad de La Paz, luego en la Academia Nacional de Policías, el 11 de noviembre de 2019, y posteriormente en Palacio Quemado, para distribuirse las instituciones estatales y, como parte del acuerdo, se designó a varios ministros, quienes fueron sugeridos por el entonces Presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.
La Fiscalía tiene 133 pruebas y 113 testimonios contra Camacho por “la salida prematura” de Evo
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El Ministerio Público logró generar 133 pruebas documentales y 131 pruebas testificales para sustentar la acusación formal por el caso Golpe de Estado I en contra de ocho personas, entre ellas Fernando Camacho. | Urgentebo.
Publicado el 27/12/2023 a las 10h22
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El Ministerio Público logró generar 133 pruebas documentales y 131 pruebas testificales para sustentar la acusación formal por el caso Golpe de Estado I en contra de ocho personas, entre ellas Fernando Camacho, exlíder cívico cruceño y actual gobernador de Santa Cruz, por los delitos de terrorismo, asociación delictuosa, uso indebido de bienes y servicios públicos, entre otros, en los conflictos suscitados en octubre y noviembre de 2019, que derivaron la salida prematura del Gobierno de ese entonces.
Entre las 133 pruebas documentales se tienen informes técnicos forenses, facturas de hoteles, extractos bancarios de transferencia de dineros, oficios y respuestas de instituciones del Estado a requerimientos fiscales.
Durante el curso de las investigaciones se colectó un total de 131 declaraciones informativas entre testigos que participaron de reuniones y hechos durante los conflictos del año 2019, además de las declaraciones informativas de los acusados.
De acuerdo con los antecedentes, los hechos sucedieron a partir del 21 de octubre, cuando Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, expresidentes cívicos de Santa Cruz y Potosí, respectivamente, iniciaron los conflictos que derivaron en la quema de los Tribunales Electorales Departamentales en sus ciudades, argumentando un presunto fraude electoral en los comicios presidenciales de ese año y con la agudización de los conflictos en las calles.
La Fiscalía señala que «se presume que promovieron la salida prematura del expresidente (Evo Morales), vicepresidente (Álvaro García Linera) y sus ministros. Asimismo, bajo la amenaza de dañar a sus familiares, fomentaron la renuncia de los expresidentes de la Cámara de Diputados y Senadores de esa gestión».
Tras varias reuniones entre actores políticos en una universidad de la ciudad de La Paz, se habría consolidado la intención de que la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez, asuma, en primera instancia, la presidencia del Senado para luego asumir la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, a sabiendas de que la segunda vicepresidencia del Senado no se encuentra en la línea de sucesión a la presidencia del Estado, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, se lee en un reporte del Ministerio Público.
Con estos antecedentes y de acuerdo a las pruebas colectadas, Jeanine Áñez se habría reunido con Luis Fernando Camacho, en tres oportunidades, en el Hotel Casa Grande de la ciudad de La Paz, luego en la Academia Nacional de Policías, el 11 de noviembre de 2019, y posteriormente en Palacio Quemado, para distribuirse las instituciones estatales y, como parte del acuerdo, se designó a varios ministros, quienes fueron sugeridos por el entonces Presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.
Los procesados son Jeanine Áñez Chávez, Luis Fernando Camacho Vaca, Marco Antonio Pumari Arriaga, Luis Fernando López Julio, Williams Carlos Kalimán Romero, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, Sergio Carlos Orellana Centellas y Jorge Elmer Fernández Toranzo, quienes habrían provocado conflictos sociales en Bolivia, que derivaron en la ruptura del orden constitucional para que la exsenadora Añez, asuma la presidencia del Estado en noviembre de 2019.
«La Fiscalía pedirá la pena máxima por el delito mayor que es Terrorismo, es decir 20 años de presidio», informó el fiscal del caso, Omar Mejillones.
