El Gobierno de Argentina ha solicitado a las fuerzas de seguridad que determinen cuáles han sido los gastos del despliegue policial activado frente a las protestas, con vistas a que sean las organizaciones convocantes quienes se hagan cargo de estos costes.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha suscrito una resolución para que la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Política de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y al Servicio Penitenciario Federal planteen una estimación conjunta, teniendo en cuenta gastos como el combustible utilizado o la remuneración de los efectivos.

El protocolo impulsado por el Ejecutivo de Javier Milei abre la puerta a emprender acciones legales contra organizaciones sociales o personas a título individual a las que se le puedan atribuir las protestas si se entienden como «actos ilegítimos, según la agencia de noticias Télam.

«Sería conveniente que esos recursos ingresen en el Estado Nacional para compensar los grandes gastos en que se incurre para el mantenimiento del orden público ante la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables», reza el texto.

El portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, también ha confirmado la disposición de las autoridades para que las organizaciones se hagan cargo del coste que implica «lograr que el país esté en paz y con las vías de circulación liberadas», después de que el jueves Argentina viviese la segunda jornada consecutiva de protestas tras el decreto de desregulación económica anunciado por Milei.

«El operativo tuvo un costo importante y cuando se termine de cuantificar se le pasará la factura a las organizaciones que participaron», ha explicado Adorni.