El Tribunal Constitucional de Perú ordenó este martes la liberación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó lo contrario el año pasado.

«Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo (donde permanece recluido), en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori», reza un auto del TC. 

Asimismo, el órgano judicial encargado de interpretar la Carta Magna peruana, ha resuelto «llamar severamente la atención» al juez Vicente Fernández Tapia, encargado de ejecutar la orden de excarcelación aprobada la semana pasada por el Constitucional, pero que declaró improcedente el fallo.

Así pues, los magistrados del Tribunal Constitucional han «exhortado» al juez Fernández Tapia a «poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de ‘habeas corpus'», como es el caso del expresidente Fujimori.

El Tribunal Constitucional ha declarado fundado un recurso de reposición del ‘habeas corpus’ concedido en marzo de 2022 a Fujimori. El expresidente peruano alude a sus 85 años de edad y delicado estado de salud para argumentar su solicitud de cumplir el resto de su condena fuera de prisión.

El Constitucional remitió la semana pasada al juzgado de Ica –donde se originó el ‘habeas corpus’ de 2022– la decisión de restablecer el indulto presidencial a Fujimori, si bien el juez encargado del caso, el mencionado Fernández Tapia, rechazó tomar tal decisión declarando el fallo como improcedente.

El caso de Fujimori se remonta a diciembre de 2017, cuando el entonces presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, le concedió un indulto humanitario que, sin embargo, fue revocado por la Justicia apenas unos meses más tarde, en verano de 2018.

En marzo de 2022, el Constitucional declaró fundado un ‘habeas corpus’ presentado por el equipo de abogados de Fujimori y en el que aludían precisamente a su estado de salud, apuntando que había empeorado desde que se le anuló el indulto concedido por Kuczynski.

Además de su condena a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno.