La Justicia de Perú extendió el jueves a 36 meses la prisión preventiva por presunta corrupción al expresidente Pedro Castillo, detenido desde diciembre por cargos de rebelión tras su fallido autogolpe de Estado.
El destituido exmandatario de 53 años, quien ya cumple una sanción de 18 meses de reclusión, deberá permanecer tras las rejas hasta diciembre de 2025 mientras la fiscalía avanza en las investigaciones y decide su eventual llamado a juicio por ambos delitos.
En una audiencia virtual, el juez Juan Carlos Checkley ordenó la segunda sanción preventiva contra Castillo, luego de haberle dictado 18 meses por el intento de disolver inconstitucionalmente el Congreso.
«Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impone 36 meses de prisión preventiva a Pedro Castillo por ser presunto líder de una organización criminal por delitos cometidos en Petroperú y en los ministerios de Transportes, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento», anunció el Poder Judicial en Twitter.
Castillo hizo una corta intervención ante la cámara desde la cárcel para expresar su desacuerdo con la medida: «Vamos a hacer lo que la ley me faculta: apelaremos», dijo.
La medida de 36 meses también fue aplicada al exministro de Transportes Juan Silva, quien se halla prófugo de la Justicia, mientras que un exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, seguirá el proceso en libertad.
Tras su fracasada maniobra contra el Legislativo, Castillo fue destituido y llevado el 7 de diciembre del 2022 al penal Barbadillo, una minicárcel para altos funcionarios dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, situada al este de Lima.
Su caída profundizó la crisis política en Perú con protestas que dejan al menos medio centenar de muertos, incluidos seis soldados que perecieron ahogados en un río el fin de semana cuando supuestamente intentaban huir de manifestantes que los atacaron a pedradas en la región de Puno.
