El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, reafirmó este domingo la posición del gobierno del presidente Luis Arce, denunciando ser víctima de un «sabotaje pactado» desde la Asamblea Legislativa. Montenegro argumentó que la falta de aprobación oportuna de leyes y créditos destinados a la reconstrucción económica es resultado de la acción sistemática de radicales del ala «evista» y asambleístas de Creemos y Comunidad Ciudadana.
Montenegro subrayó la paralización deliberada de la aprobación de normativas, destacando el caso del Presupuesto General del Estado-reformulado 2023, que experimentó un retraso de más de dos meses y medio en su tratamiento.
Además, señaló demoras significativas en la aprobación de créditos por más de 480 millones de dólares y en la Ley de Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, la cual estuvo estancada por más de dos años en la Asamblea.
El ministro apuntó a Standard & Poor’s (S&P) como un actor clave en la disminución de la calificación crediticia de Bolivia, argumentando que esta medida busca debilitar la gestión del presidente Arce. Cuestionó la metodología de S&P, alegando que la agencia no considera algunos indicadores económicos positivos del país en comparación con otros de la región, donde se observan recesión, inflación y altas tasas de desempleo.
A pesar de destacar el crecimiento económico del 2.21%, la inflación más baja (1.5%) y la tasa de desempleo del 3.8% hasta agosto, Montenegro lamentó que estos elementos no fueran tomados en cuenta por la calificadora de riesgo.
Recordó que en los tres años de la gestión del presidente Arce, Bolivia ha cumplido de manera puntual y responsable con los pagos de la deuda externa, desafiando los pronósticos negativos de las calificadoras.
La autoridad compartió detalles de una reunión con miembros de Standard & Poor’s, donde aseguró que, aunque se prometió considerar los indicadores positivos, la agencia finalmente ponderó otros aspectos.
Entre las recomendaciones mencionadas por la S&P, señaló la sugerencia de devaluar la moneda, eliminar bonos y retirar subsidios al estilo del Fondo Monetario Internacional.
El ministro concluyó afirmando que, en consonancia con el modelo económico social productivo comunitario, el gobierno continuará defendiendo los intereses de la población, priorizando el bienestar económico de los segmentos bajos y medios.
