El Directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó un financiamiento de $us 125 millones para apoyar al Estado Plurinacional de Bolivia en la ampliación y mejora del acceso a servicios de electricidad sostenibles para hogares y comunidades rurales en el país. Con esta nueva operación, más de 141 mil personas tendrán acceso nuevo o mejorado a la electricidad para uso doméstico y productivo a través de la extensión de redes, construcción de minirredes e instalación de sistemas de energía solar (fotovoltaicos) individuales.

Estas soluciones tecnológicas beneficiarán a hogares e instituciones públicas como escuelas y centros de salud, entre otras, así como a unidades productivas de pequeña escala en los sectores agrícola, comercial e industrial, señala una nota de prensa del Banco Mundial.

«El financiamiento es un gran logro y este esfuerzo tiene como meta llegar a cada hogar en las áreas rurales, asegurando que la expansión de los servicios eléctricos sea inclusiva y abarque a todas las comunidades. La colaboración activa con distintos niveles de gobierno y la participación de las comunidades son elementos clave para llevar la electricidad a todos los rincones del país y mejorar la calidad de vida de sus habitantes», manifestó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, con relación a la importancia del proyecto, que busca elevar la cobertura de electricidad de 84% a 95% en el país.

El proyecto prevé también el fortalecimiento del sector eléctrico nacional, a través del robustecimiento del área de distribución de electricidad y el apoyo a políticas públicas para una transición energética justa, entendida como el reemplazo de combustibles fósiles -como diésel o querosene- para generar energía, por fuentes renovables como solar o eólica, entre otras, lo cual ayudará a reducir la contaminación.

Todo esto incluyendo educación a los usuarios para el uso sostenible de la electricidad y la eficiencia energética. Será ejecutado por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y el Programa de Electricidad Para Vivir con Dignidad (PEVD) del Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE) en un periodo de seis años.

El proyecto tiene alcance nacional, pero su ejecución se iniciará en municipios rurales de Beni, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija. Se prevé la instalación de 25.500 conexiones domiciliarias por redes eléctricas, 300 conexiones en unidades productivas, más de 9.000 sistemas fotovoltaicos domiciliarios autónomos, 350 sistemas fotovoltaicos en instituciones públicas y cerca de 1.100 conexiones por minirredes o sistemas híbridos alimentados con energía renovable en hogares.

La ampliación de las redes eléctricas aportará a la resiliencia del sector a eventos climáticos extremos, aplicando estándares de alto diseño en la construcción, incluyendo la infraestructura de conexión para los usuarios. Asimismo, la implementación de sistemas fotovoltaicos y minirredes con energías renovables aportará a la mitigación y adaptación al cambio climático dado que aumentará el uso de electricidad con muy bajas emisiones de carbono.

«El incremento del acceso a la energía beneficiará a los pobladores de áreas rurales donde las inversiones en electricidad no suelen llegar fácilmente y tendrá un impacto positivo en la calidad de vida, bienestar y productividad de las mujeres, reduciendo el tiempo que dedican a tareas domésticas, con la posibilidad de participar en trabajos remunerados y actividades educativas o de capacitación, así como acercándolas a oportunidades económicas y de microemprendimientos», afirmó Camille Nuamah, representante residente del Banco Mundial en Bolivia.

Con este financiamiento y la experiencia lograda en los proyectos de Infraestructura Descentralizada para la Transformación Rural (IDTR I y II) y Alianza Global para la Ayuda Basada en Resultados (GPOBA, por su sigla en inglés), financiados por el Banco Mundial, se busca apoyar a Bolivia a alcanzar los objetivos de acceso universal a electricidad para el año 2030. El monto aprobado corresponde a un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con un plazo de vencimiento de 24 años y un periodo de gracia de 11 años.