La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) se adhirió a la denuncia en contra del ministro de Educación, Edgar Pary, por presunto uso de influencias para favorecer a su empresa familiar en contratos con el Estado.

Dentro del proceso, el magisterio urbano se encuentra en calidad de víctima y solicitó que se puedan realizar algunos actos investigativos, informó Miguel Cordero, abogado de Ana Laura Montaño,  denunciante en el caso.

El jurista informó que las citaciones para que Pary y Cinthia Colmena, funcionaria del ministerio de Educación y señalada como presunta apoderada de la empresa denominada Centro Multidisciplinario de Formación Investigación y Servicios Generales (Cemfi SRL), brinden sus declaraciones informativas.

“Teniendo las evidencias o los indicios necesarios para poder suponer de que efectivamente se ha realizado estas compras o adquisiciones con el Estado, se están realizando los actos investigativos, toda vez que deja mucha o susceptibilidades”, indicó Cordero.

El abogado denunció que el Ministerio de Educación emitió una resolución en la cual se habría abrogado el reconocimiento de Montaño como presidenta de la Junta Nacional de Padres de Familia, tras la denuncia formalizada y admitida por la Fiscalía.