El exvicepresidente de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa que investigó el caso Sacaba y Senkata, Amilkar Barral, calificó de “sin vergüenzas y fariseos políticos” a los masistas que protestan contra las resoluciones judiciales que declinan competencia para juzgar en proceso ordinario a Jeanine Añez, porque el MAS recomendó desde la Asamblea un juicio de responsabilidades, cuando el 29 de octubre de 2020 aprobó por mayoría el informe final de la dicha comisión.
Una nota de prensa difundida por la página oficial del Senado en esa fecha, informa que efectivamente, la Asamblea aprobó el informe final de la Comisión que investigó las masacres de Senkata, Sacaba y Yapacaní, entre otros hechos, registrados a partir del 21 de octubre del 2019, bajo la administración transitoria de Jeanine Añez, “para quien se recomendó un juicio de responsabilidades por genocidio y procesos penales contra 11 ministros y exministros, por la vulneración de derechos y garantías constitucionales, que derivó en la muerte de 26 personas y un centenar de heridos y detenidos en represiones policiales y militares, tras las elecciones generales del 2019”, dice parte de la nota oficial.
También agrega que “la comisión recomendó un juicio de responsabilidades a la señora Jeanine Añez, este informe se tendrá que remitir a la Fiscalía y se dejará para que la siguiente legislatura tome la decisión si se realiza el juicio de responsabilidades o no, porque de acuerdo con la Ley 044 se requiere el apoyo de dos tercios para proceder con este acto, señaló la presidenta de la ALP, Eva Copa”. Dicha de nota de prensa no fue posible encontrar porque al parecer fue retirada del portal oficial.
Con estos antecedentes y las declinatorias judiciales, Barral sostuvo que la teoría del golpe de Estado se cae porque los dos tercios del MAS en la Asamblea no solo aprobaron la renuncia de Evo Morales, sino que ampliaron el mandato de Jeanine Añez y todos los asambleístas nacionales.
Dijo que entre los que aprobaron el informe estaban el exdiputado y ahora ministro de Obras Públicas Edgar Montaño, la exsenadora Adriana Salvatierra, Víctor Borda quien era presidente de la Comisión Mixta y la exdiputada Lidia Paty que luego se convirtió en denunciante del supuesto golpe de Estado.
Recordó que tanto Borda como la presidenta de la Asamblea de ese entonces, Eva Copa, concluyeron emplazando a que se inicie un juicio de responsabilidades contra Añez.
Sin embargo, a tres años del informe aprobado, señaló que esa resolución no está siendo cumplida por el vicepresidente David Choquehuanca, presidentes de ambas cámaras y por el Fiscal General Juan Lanchipa. Por ese motivo, un grupo de exdiputados analiza demandar en juicio de responsabilidades a esas autoridades para defender las decisiones del primer poder del Estado.
Explicó que en por las investigaciones realizadas en el caso de Sacaba, ninguno de los muertos era del pueblo, sino que todos eran de las seis federaciones, es decir, cocaleros enviados por alguien desde el Chapare. Lo mismo en El Alto, la mayoría de los fallecidos no vivían en Senkata, sino en barrios más alejados, como alguien que de manera inaudita fue comprar pan hasta Senkata, viviendo a kilómetros del lugar del enfrentamiento.
Dijo que el IDIF, que es parte de la Fiscalía General del Estado, concluyó que los muertos fueron víctimas de armas de fuego largas y calibre 22 milímetros, que no usan ni la Policía ni de las Fuerzas Armadas. “Esto quiere decir que se mataron entre ellos”, declaró el exdiputado.
Manifestó que los familiares de las víctimas de Sacaba y Senkata ya recibieron del gobierno de Añez una indemnización de 100.000 bolivianos por cada muerto, también se beneficiaron con un año de alimentos de Emapa, subsidio para todos y becas para los hijos de los fallecidos, incluso uno de ellos pidió una beca para ser piloto y recibió la beca pagada por el Estado en una universidad privada, acotó.
“Es lamentable que utilicen los muertos de Sacaba, Senkata y Montero para seguir sacando plata y los que protestan por las declinatorias de competencia son sinvergüenzas que no recuerdan lo que su propio partido hizo en la Asamblea”, protestó el exdiputado Barral, quien encuentra la comisión de posibles delitos por parte de Lanchipa, Choquehuanca, incluido el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez y el presidente de Diputados.
La posible demanda de juicio de responsabilidades podría perfilarse en las próximas semanas para hacer respetar la institucionalidad democrática de la Asamblea y que algunos políticos del MAS salgan de la demencia y hagan prevalecer lo que los bolivianos investigaron y no los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y otras comisiones afines al gobierno.
