El ministro de Educación, Édgar Pary, ha presentado una querella penal de orden particular contra la dirigente de los padres de familia, Ana Laura Montaño, por delitos contra el honor, debido a que la misma lo denunció por presuntos actos de corrupción con una empresa familiar.

Según la denuncia presentada por la dirigente, una apoderada del Ministro buscaba inversionistas para la empresa CEMFI, de propiedad de Pary y sus hijos, ofreciendo contrataciones estatales sobre todo en el Ministerio de Educación.

El ministro Pary negó actos de corrupción y aseguró que la empresa está inactiva. Ahora, mediante su abogado, presentó una querella en La Paz contra la denunciante.

La denuncia de Pary contra la dirigente es por los delitos de calumnia, propagación de ofensas e injurias, informó el abogado Raúl Salas, que patrocina al Ministro.

El abogado anunció que la denunciante responderá por sus afirmaciones y «va a ser perseguida hasta el final. No se puede jugar con el nombre de una persona, más allá de que sea un ministro, no se puede lastimar, mellar la dignidad de una persona por un hecho de venganza».

Según el jurista, la dirigente denunció a Pary porque el Ministro le habría cortado «caprichos» respecto a la ejecución de presupuesto.

El abogado confirmó que la empresa de Pary había sido constituida, pero negó enfáticamente que la misma se haya beneficiado con contratos estatales. Dijo que esa situación se puede verificar requiriendo un informe a la Contraloría.

Recalcó que el Ministro no benefició a su empresa con contrataciones estatales, porque sabe que es ilegal.

Segunda denuncia

Además del proceso por calumnia, el ministro Pary presentó otra denuncia por el delito de manipulación informática.

Esta segunda denuncia surge porque los datos del Ministro fueron usados para inscribirlo como postulante a cargos en el sistema educativo.

El magisterio había acusado al Ministro de querer favorecerse a sí mismo con cargos, al aparecer como postulante, sin embargo, la autoridad negó que se haya anotado.

La denuncia en este caso es «contra los autores», es decir que no identifica a los responsables, sino que espera la investigación de la Fiscalía.