Mejorar el régimen fiscal para los inversionistas y brindar seguridad jurídica son aspectos indispensables para atraer inversionistas para la exploración de hidrocarburos en Bolivia.
Estos y otros aspectos más deben ser plasmados en una nueva Ley de Hidrocarburos con la finalidad de revertir la crisis del sector, señalaron expertos.
Para el investigador en energía de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, el régimen fiscal es algo que sin duda hay que modificar y buscar un equilibrio que beneficie a los inversionistas y al Gobierno nacional. Sin esto será difícil revertir la crisis hidrocarburífera.
“Estamos llegando a una encrucijada, si no modificamos ese régimen fiscal no habrá inversiones en exploración. Es importante concientizar y socializar, es un tema que hay que tratarlo, hay que buscar cómo atraer esa inversión”, dijo.
E l e x p e r t o detalló que, en promedio, entre 2005 y 2021, el 81% de la renta petrolera se quedó con el Gobierno nacional y el privado obtuvo sólo el 19%. Esto no es atractivo para los extranjeros, porque la exploración es una actividad a largo plazo y demora unos cinco años; es de alto riesgo, porque no hay garantía de que se encuentren líquidos, y es muy costoso perforar un pozo, puede superar los 120 millones de dólares.
“Hay un régimen fiscal muy a favor del Estado y en contra de la empresa privada que desincentiva la inversión, ese es un problema, quiero enfatizar en eso. Además, es importante la gestión de mercados junto al régimen fiscal para tener inversión en exploración”, manifestó.
En Colombia, la renta petrolera es de 45% para el Estado y 55% para las empresas privadas. En cambio en Argentina el Estado se queda con hasta el 30% y los inversores con el 70%.
Para el experto en hidrocarburos José Padilla, en la actual ley no se incentiva la exploración y sólo se enfoca en la explotación, producción y venta.
En abril de este año, el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, indicó que la normativa en materia de hidrocarburos “no es estática” y que la Ley 3058 “ya ha cumplido un ciclo”, por lo que se estaría trabajando en la modificación de los esquemas normativos con iniciativas, como el anteproyecto de ley de asociaciones.
Velásquez dijo que se requiere una nueva Ley de Hidrocarburos y no sólo reajustar la que se tiene. La nueva norma debe brindar mayor seguridad jurídica y un mejor régimen fiscal para los inversionistas.
“Me parece muy limitado hablar de ajustes a la ley, ya que, en los últimos 13 años, se ha ido parchando la política hidrocarburífera con decretos supremos, resoluciones ministeriales, que lo único que crean es inseguridad jurídica, porque estas son fáciles de cambiar, pero una ley no, porque debe ser debatida y debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Una ley da más seguridad, porque no se puede cambiar”, señaló el analista.
Además, indicó que se deben analizar mecanismos para que los contratos de explotación incorporen cláusulas que den seguridad jurídica al inversor. Padilla dijo que una nueva Ley de Hidrocarburos debe dar seguridad jurídica, con un mínimo 20 años de contratos petroleros, y que la inversión la maneje el inversionista.
“La ley debe ser más favorable para quien pone el dinero de riesgo. Por eso, no vienen a invertir a Bolivia. Las actuales leyes son obsoletas, ya hubo varios decretos de incentivos, pero sin efectos positivos, si no hay incentivo no hay inversión”, insistió.
País importador
En 2022, por primera vez en este siglo, Bolivia pasó de ser un exportador neto a un importador de hidrocarburos. Esto como efecto de recibir menores ingresos por la exportación de hidrocarburos y el incremento en las importaciones de combustibles.
Ello causa un severo daño económico al país, la importación de combustibles creció en 132% comparando con los periodos enero-julio de 2021 y 2023, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El aumento, de 729 millones de dólares a 1.689 millones, representa un alto costo para las arcas del país.
Esta situación obligó a renegociar los contratos de exportación por menores volúmenes llevando al país a perder el mercado argentino, lo que se concretará a partir de mediados de 2024, además de disminuir significativamente su participación en las ventas al mercado de gas brasileño.
La Fundación Jubileo indicó que para revertir esa situación se requieren ajustes estructurales en la política hidrocarburífera. Estos deberán estar plasmados en una nueva ley sectorial, lo que es sugerido por diferentes investigadores, analistas e instituciones desde hace 14 años, cuando se promulgó la nueva Constitución Política del Estado.
