La Fiscalía del departamento peruano de Puno, en el sur del país, ha archivado la denuncia presentada contra el expresidente de Bolivia Evo Morales por supuesta traición al instar a la población a sumarse a las protestas contra el Gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, tras la destitución y arresto de Pedro Castillo.

La denuncia había sido presentada por el diputado Jorge Montoya, del ultraconservador partido Renovación Popular, que acusaba al exmandatario boliviano de «azuzar» a la población de Puno para unirse a Runasur, una organización transnacional que agrupa movimientos sociales y políticos de izquierda.

Ahora, la Fiscalía de Puno ha ordenado el sobreseimiento definitivo de la investigación contra Morales, acusado de traición a la patria y de usurpación de poderes. La demanda afectaba también al exgobernador regional de Puno, Germán Alejo Apaza, y al ahora prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

El 9 de enero, el Gobierno de Perú impuso una prohibición de entrada al país contra Morales y otros ocho ciudadanos bolivianos por considerar que «habrían ingresado en territorio peruano para efectuar actividades de índole política proselitista».

Por su parte, Morales lamentó que congresistas «procesados» iniciaran un proceso penal en su contra con el objetivo de ocultar el «genocidio» que se estaba produciendo en Perú durante las protestas, que se saldaron con más de medio centenar de muertos.

«Congresistas procesados por sedición al desconocer el voto del pueblo, cometen delito de actos hostiles contra Estado extranjero y tratan de acusarnos penalmente; todo con tal de tratar de ocultar crímenes de genocidio, tortura y discriminación contra nuestros hermanos peruanos», escribió Morales.