En casi tres años del Gobierno de Luis Arce, solo una ley, tres decretos supremos y algunas resoluciones ministeriales y programas fueron aprobadas en beneficio de las mujeres bolivianas. 

Profesionales en derecho, instituciones, además de la diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Mayra Zalles, señalaron que se hizo muy poco en beneficio de las mujeres.

Normativa

La Ley 1516, promulgada el 10 de julio de 2023, de Diferimiento Parcial del Período Prenatal al Postnatal es una de las normas más destacadas que permite a las trabajadoras embarazadas, tanto de entidades públicas como privadas, transferir parte de los 45 días de prenatal a la etapa después del parto, hasta completar los 90 días. 

En el Decreto Supremo (DS) 4401, del 25 de noviembre de 2020, se hace referencia a la igualdad de oportunidades, relacionado con el empleo, la remuneración y el trabajo igualitario entre hombres y mujeres. El objetivo es eliminar la brecha salarial.

Asimismo, se aprobó el DS 4399, del 26 de noviembre de 2020, de modificaciones al reglamento y a la Ley 348. En esta se establece reforzar los mecanicismos de protección, prevención y atención a las víctimas, además de la asignación presupuestaria a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

Posteriormente, se sancionó el DS 4493, del 21 de abril de 2021, para la conformación de una Comisión Especial Mixta de Investigación en el caso del feminicida múltiple. 

El monto asignado a la comisión mixta fue de 747.567 bolivianos destinados a la investigación de la retardación en la atención de resoluciones en casos de feminicidio. 

Pero también está la Resolución Ministerial 196/21, que da cuenta que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social debe adoptar medidas para garantizar a las mujeres respeto y protección contra toda forma de acoso sexual y laboral. Además, determina directrices para denunciar los hechos.

Críticas

De acuerdo con la directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Jinky Irusta Ulloa, la Resolución Ministerial 196/21 ayudó a las mujeres que sufren acoso en su fuente laboral, incluso, dijo, ya se conocen algunas estadísticas. 

Además, señaló que, sobre el DS 4493, “nosotros, como Oficina Jurídica para la Mujer, nos hemos reunido con miembros de esta comisión especial y se ha obtenido la sentencia ejecutoriada de los casos de feminicidio que seguía la institución (…) Con relación a la brecha salarial, podemos decir que todavía existe esta diferencia entre hombres y mujeres, lo que sucede es que falta socializar el DS 4401”.

Para el abogado David Henry Flores, quien es parte del equipo jurídico del Colectivo Mujeres de Fuego, en los últimos años, no se trabajó en disposiciones que vayan en beneficio de las mujeres.

“No hemos visto una norma que vaya a proteger o resguardar los derechos de las mujeres. Si bien tenemos las normas (348, 1173) y otras disposiciones legales que precautelan los derechos y garantías de las mujeres, no son aplicadas adecuadamente por diferente factores”, enfatizó Flores.

Las abogadas y activistas de derechos de las mujeres Fátima Terrazas, Silvia Llano y Zulma Bonifacio aseguraron que existen leyes, pero la administración de justicia hace que las mujeres sigan siendo maltratadas a punto de hacer que desistan de conseguir algo de justicia.

Exigen que todas las denuncias sean atendidas con responsabilidad.

Las críticas apuntan a que la normativa no es suficiente para combatir eficientemente la violencia y otras desigualdades hacia las mujeres, porque no hay instrumentos concretos, formación de funcionarios, presupuesto, entre otros.

Programas de empoderamiento

En mayo de 2022, el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) lanzó “Mujer BDP”, un programa integral enfocado en la generación de modelos de negocios sostenibles y liderados por mujeres.

Esta iniciativa articula el financiamiento y la asistencia técnica en beneficio de las productoras bolivianas con base en créditos y acceso a conocimiento para negocios. 

A febrero de 2023, se otorgaron créditos por Bs 240 millones, beneficiando a 4.367 negocios liderados por mujeres.

Violencia: 33 mil casos hasta agosto

La Fiscalía General del Estado registró, hasta el 31 de agosto, 33.051 casos de violencia castigados por la Ley 348. La mayoría son denuncias por violencia familiar o doméstica y Santa Cruz es el departamento que tiene más casos de este tipo de delitos.   Activistas pidieron más acciones contra este mal.