Ya pasaron siete años desde que el expresidente Evo Morales entregó el condominio Wiphala, en El Alto, y hasta hoy la Contraloría General del Estado no hizo ninguna supervisión ni fiscalización a la institución pública que lo ejecutó, AEVivienda.

Tampoco actuó de oficio.

Ésa es la conclusión a la que se llegó después de hacerse efectiva la 17ª sesión ordinaria sobre la petición de informe oral que la Comisión de Política Social de la Asamblea Legislativa realizó a la contralora interina, Nora Herminia Mamani Cabrera.

En la sesión estuvieron presentes 11 diputados y fue liderada por Aldo Terrazas, de CC, quien denunció irregularidades en el Programa de Comunidades Urbanas de la AEVivienda debido a que de 3.591 casas construidas, como parte de este programa, 2.920 están desocupadas, es decir, el 82 por ciento.