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Huelga de hambre de ‘evistas’ se radicaliza y el Vicepresidente de Diputados deja a comisión ley de las judiciales

La huelga de hambre de un grupo de legisladores “evistas”, que exige la convocatoria del pleno de la Cámara de Diputados para la realización de las elecciones judiciales, se radicalizó este lunes con el tapiado de cuatro de los se encontraban cumpliendo la extrema medida.

La protesta cumple su sexto día, en medio de críticas al presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, a quien se lo acusa de buscar prorrogar el cargo de los actuales altos magistrados hasta el próximo año, pese a que su mandato vence a fines de este año.

Una misiva fue enviada al primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Hernán Durán, para que tome la decisión de convocar a la sesión del pleno, sin embargo, consultado al respecto, dijo que por orden de jerarquía, Jerges Mercado, no se encuentra ausente ni tampoco impedido para presidir la Cámara Alta.

“(El proyecto de ley de las elecciones judiciales) está en manos de la comisión, ojalá nos remitan de forma inmediata y así nuestro hermano presidente (de la Cámara de Diputados) pueda poner (fecha) en alguna sesión ordinaria”, dijo.

A la huelga de hambre de los diputados “evistas” se sumó un grupo de dirigentes de la Confederación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), afín a la misma facción del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El secretario general de la CSUTCB, Humberto Claros, exigió que se cumpla lo que establece la Constitución Política del Estado ante las “chicanas” del bloque “renovador” al no considerar con celeridad el proyecto que fue aprobado a fines de agosto por el Senado.

“Ellos van a tener responsabilidad penal de todos los actos que están cometiendo en este momento. Se están haciendo la burla del pueblo boliviano que no es tonto, el pueblo boliviano sabe que la democracia está en vilo en este momento al intentar ser cooptado por el Órgano Ejecutivo”, afirmó.

La Comisión de Constitución, presidida por Juan José Jáuregui, decidió remitir el documento a consultas diferentes ministerios e incluso al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para evitar que sea nuevamente observado.

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