Frente a estas pesquisas, el MAS reclamó mayor celeridad y que se active una “alerta migratoria” para “todos los que participaron” en la configuración del gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Áñez. El Gobierno y el partido oficialista niegan la existencia legal de esta administración estatal.

El memorial de la Procuraduría data del 30 de enero. A través de este documento se solicitó al fiscal Omar Mejillones, encargado de investigar el caso ‘golpe I’, citar a declarar a los integrantes de la CEB. El mismo memorial solicita la convocatoria de las personas que supuestamente recibieron y depositaron dinero a cuentas de Luis Fernando Camacho, también en el contexto de la crisis de 2019.

“Señor fiscal, con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción, al amparo del Art. 306 de la Ley 1970, reiteramos las siguientes diligencias investigativas. Al amparo del Art. 193 del Código de Procedimiento Penal, ofrecemos la declaración testifical de las siguientes personas”, señala el memorial y coloca una lista de 10 nombres que deberían ser convocadas en los próximos días.

En la misma lista está monseñor Ricardo Centellas Guzmán, quien era Vicepresidente de la CEB en 2019; Aurelio Pesoa Ribera, quien fue Secretario General episcopal; monseñor Giovani Édgar Arana, el obispo auxiliar de El Alto en 2019, y finalmente al padre, José Fuentes Cano, quien fue Secretario General Adjunto de la CEB.

El 2 de febrero, el fiscal Mejillones acusó la recepción del memorial de la Procuraduría y recordó que los nuncios de la Iglesia gozan de fuero en el Estado y que los peticionarios tienen la posibilidad de explicarse en su memorial, antes que la Fiscalía los convoque.

FUENTE: EL DEBER