El Gobierno, mediante el Ministerio de Desarrollo Productivo, gestiona que el proceso contra Jeanine Añez por el caso Fundempresa pase de jurisdicción de juicio de responsabilidades a la vía ordinaria.

En este caso, Añez es acusada por haber ampliado, presuntamente de manera irregular, la concesión de Fundempresa para administrar las matrículas de comercio, mediante el Decreto Supremo 4356 de 2020.

El Ministerio de Justicia denunció el caso en 2021 ante la Fiscalía General del Estado para juicio de responsabilidades y, ese mismo año, el trámite pasó por el Tribunal Supremo de Justicia y se derivó a la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, el mayo de este año el Ministerio de Desarrollo Productivo interpuso una excepción de incompetencia ante el juzgado tercero anticorrupción de La Paz, con la intención de que este juez de la vía ordinaria conozca el proceso contra Añez y haga que el Tribunal Supremo de Justicia se inhiba del mismo.

Entre sus argumentos, el Ministerio de Desarrollo Productivo mencionó el caso de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), donde la Justicia determinó que Añez sea procesada en la vía ordinaria, a pesar de que fue denunciada por actos en el ejercicio del cargo de presidenta.

La audiencia para definir la situación del caso Fundempresa debía realizarse este jueves, pero fue suspendida para el 14 de septiembre, informó el abogado defensor Luis Guillén.

El abogado de Añez señaló que el Gobierno pretende usar “la misma receta” que se aplicó con los casos Senkata y Sacaba, donde los procesos pasaron de juicio de responsabilidades a la vía ordinaria.

El argumento que se utilizó para que Añez sea procesada en la vía ordinaria se basa en la versión de que no fue presidenta constitucional. Sin embargo, la defensa sostiene que la exmandataria debe ser procesada en juicio de responsabilidades sin importar la forma en que asumió la presidencia.

Además del caso Fundempresa, Añez enfrenta en la vía ordinaria los casos “Golpe I”, “Golpe II”, EBA, Senkata, Sacaba.